Para el Defensor,
pese a que las niñas y las adolescentes representan el 20% de la población
boliviana, se encuentran invisibilizadas y sus derechos, prerrogativas y
deberes se encuentran insertas, de manera general, en leyes referidas a la
niñez y adolescencia y a las mujeres. De
hecho, la legislación boliviana coloca
en un mismo grupo a infantes, niñas, niños, adolescentes mujeres y adolescentes
hombres. “Esta omisión generalizadora ha provocado que el Estado y la sociedad
ignoren los graves problemas que les afecta como población”, manifestó la
autoridad.
De acuerdo a los
datos incluidos en el diagnóstico, las niñas y las adolescentes, en comparación
con sus pares varones, sufren los más
altos niveles de violencia en sus diversas formas. Datos de la Fuerza Especial de
Lucha contra la Violencia
(FELCV) muestran que en la gestión 2014, los hechos delictivos cometidos contra
menores de 17 años, sumaron 2.579, de estos, 2.112 (82%) afectaron a niñas y
adolescentes mujeres. Los índices más
elevados que se presentan son delitos sexuales con un 95%, violencia sicológica
con 83% y violencia física con 80%.
El número de casos
de violencia que reportan los medios de comunicación son mucho más alarmantes,
pues de los 73 casos de muertes violentas registradas, 36 corresponden a niñas
y adolescentes mujeres. Los datos sobre violencia sexual muestran 326 casos, de
esos 281 corresponden a los perpetrados contra niñas y adolescentes mujeres y
los restantes 45 a
sus pares varones
De acuerdo a las
denuncias recibidas en la
Defensoría del Pueblo a nivel nacional, en los primeros nueve
meses de 2015, se registraron un total de 2.094 casos de vulneración de
derechos humanos de personas menores de 18 años, de este total, el 61% afectaba
a niñas y adolescentes mujeres.
Los derechos que
más se denunciaron están referidos a la integridad personal con el 25%; le
siguen los derechos a la familia y a la protección de y en ella con el 19% y
los derechos a la educación con un 18% del total. Las denuncias de violación del derecho a la
integridad están referidas a violencia escolar, familiar, en la sociedad y
violencia sicológica, es decir que la violencia está presente en todos los
contextos de su vida.
Por otro lado,
según estudios del Banco Mundial y de UNFPA, las adolescentes de entre 15 y 19
años tiene dos veces más probabilidades de morir durante el embarazo o parto
que aquellas mayores de 20 años; las
menores de 15 años tienen cinco veces más probabilidades de fallecer.
Estos mismos informes señalan que en Bolivia cada día 246 adolescentes resultan
embarazadas, lo que significa 90 mil embarazos adolescentes al año. Según esta
institución, son madres el 25 por ciento de las adolescentes entre los 12 y 18
años. Datos del Censo 2012, indican que 65.947 adolescentes declararon que
tuvieron al menos un hijo.
El estudio
defensorial muestra también que el trabajo que realizan las adolescentes,
especialmente cuando lo hacen en hogares de terceros, este grupo poblacional es
desvalorizado y precario en cuanto a sus derechos. El trabajo infantil y
adolescente también discrimina a las mujeres y
las pone en mayor riesgo y fundamentalmente de violencia. La Encuesta de Hogares 2012
señala que las niñas y adolescentes trabajan un promedio de 23 horas semanales,
es decir alrededor de 5 horas por día de lunes a viernes, porcentaje muy
similar a los niños y adolescentes varones.
El
estudio “Trabajo Doméstico Infantil en Hogares de Terceros en Bolivia”
señala que el trabajo doméstico ha sido atribuido a las mujeres y es adjetivado
como no productivo, fácil de realizar, carente de trabajo intelectual y
creativo y, sobre todo, como carente de valor frente al trabajo proveedor,
generalmente considerado como masculino.
A esta primera
desvalorización se suma nuevamente la violencia que les circunda, pues el 72%
de las encuestadas refieren haber sufrido algún tipo de maltrato como gritos,
golpes, indiferencia, discriminación y racismo y haber estado expuestas a
peleas familiares, gestos o palabras hirientes, castigos, privación de salidas
de forma constante o eventual.
A diferencia de
los varones, las mujeres adolescentes son las que menos delitos cometen Un
informe de la Dirección
de Régimen Penitenciario de 2013, indica que de 582 adolescentes en recintos
penitenciarios, 527 eran varones y 55 mujeres. En relación a los casos que
atiende el SEDEGES y el SEDEPOS en 2012 se registraron 1.009 casos de
adolescentes en conflicto con la
Ley , de estos 105 (10%) fueron mujeres, la mayor parte de
ellas tenían 15 años de edad.
Cabe destacar que
pese a toda la compleja realidad en la que se desenvuelven las niñas y
adolescentes mujeres, el derecho a la
educación, en los últimos diez años, ha alcanzado notables avances en Bolivia,
especialmente en relación al acceso y permanencia, aunque existen todavía
diferencias entre el campo y las ciudades.
Lo que falta por hacer en esta área es eliminar la discriminación de
género que sigue presente en el currículum oculto, que mantiene estereotipos
respecto a los roles tradicionales de mujeres y hombres y al menosprecio de las
capacidades y el aporte social de las mujeres.
Recomendaciones defensoriales
·
Implementar
en el Ministerio de Justicia, la
Dirección de Defensa y Promoción de los Derechos de las Niñas
y las Adolescentes como unidad responsable de promover políticas y medidas de
acción e intervención específicas para disminuir los niveles de violencia que
sufre esta población.
·
Disponer
que en la
Política Plurinacional de Derechos Humanos 2015 – 2020, de
responsabilidad del Ministerio de Justicia, se incorpore a la niña y la
adolescente como población altamente vulnerable y se consideren acciones y
estrategias especiales para disminuir la violencia y la discriminación que
sufre esta población
·
Instruir
que en toda la generación de datos, cifras y análisis cuantitativo y
cualitativo de todas las instituciones del Estado que realizan investigación
·
referida
a las áreas sociales, judiciales y de derechos humanos, se incluyan datos
diferenciados que visibilicen la situación de las niñas y las adolescentes y
que se registren y publiquen por el Sistema Nacional de Información de la Niña , Niño y Adolescente.
·
Solicitar
a la red Parlamentaria de la
Niñez y la
Adolescencia de la
Cámara de Diputados, que se analice la necesidad y urgencia
de debatir una Ley Integral de Protección y Promoción de los derechos de las
niñas y las adolescentes con amplia participación de las adolescentes de todo
el país, especialmente las adolescentes trabajadoras, las víctimas de violencia
sexual, trata y tráfico, estudiantes, con discapacidad y otras, tanto de las
áreas rurales como urbanas.
·
Solicitar
el Ministerio de Educación integrar al plan de estudios obligatorio, la
prevención de la violencia de género en todas las unidades educativas del país.
·
Implementar,
desde el Ministerio de Salud, campañas y programas de capacitación al personal
de salud para sensibilizar en la atención oportuna y con especialidad a niñas y adolescencia víctimas de violencia
sexual.
·
Crear
el sistema de atención diferenciada y especializada para adolescentes sobre la
salud reproductiva y sexual y la disposición del servicio diferenciado para
adolescentes en todos los niveles de salud.
·
Invertir
en programas de prevención de la
violencia sexual y el embarazo precoz en todos los niveles del servicio de
salud.
·
Debatir,
en la Asamblea
Legislativa , la modificación del Código de Familias en sus
Arts. 139 y 145 a
fin de prevenir los matrimonios o uniones de hecho, generados a partir de
delitos como el estupro o la violación y establecer la prohibición de esta
práctica.
·
Aplicar
con urgencia los protocolos de atención especializada y de atención prioritaria
a las víctimas de violencia sexual, con utilización de la Cámara Gesell , con
la finalidad de no incurrir en la revictimización.
·
Disponer,
en cada unidad educativa urbana y rural, pública, privada y de convenio,
diurnos y nocturnos, con cargo a los presupuestos de los Gobiernos Municipales,
el sistema de transporte escolar y de seguridad policial permanente.
·
Establecer
acuerdos entre el Ministerio de Justicia y los medios televisivos de todo el
país, a fin de realizar el seguimiento a la programación nacional y extranjera,
de modo que se analice el uso erotizante de la imagen de niñas y adolescentes y
el lenguaje que genere vulneración de sus derechos.
·
Demandar
al Ministerio de Gobierno que se generen reglamentos internos que sancionen con
medidas disciplinarias máximas cualquier acción de violencia, acoso,
humillaciones o insultos que puedan ejercer miembros de la policía cuando
realice intervenciones policiales o investigaciones en las que se hallen
involucradas adolescentes mujeres.
Asimismo generar campañas de sensibilización y educación sobre los
derechos específicos de esta población.
Finalmente el
Defensor señaló que evidenciar la invisibilización que sufren las niñas y las
adolescentes en Bolivia, permitirá plantear alternativas que enfrenten, además
de los temas de violencia, sexual, física y sicológica, otros ámbitos que no se
habían considerado y que son más propias de ellas como son el embarazo precoz,
el matrimonio adolescente, la erotización temprana, la trata y tráfico y la
explotación y discriminación laboral.
G/F/R
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